Frente a los rechazos sistemáticos de las ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), iniciar una demanda puede ser una trampa económica.
En diálogo con Nord24, el abogado Pablo Candia analizó en profundidad el complejo escenario de la siniestralidad laboral en Argentina. El especialista calificó como una “falacia” el concepto instalado de la denominada industria del juicio laboral. Para el letrado, el verdadero foco del problema radica en una sistemática industria del incumplimiento generada por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), los empleadores y el sistema en su conjunto, quienes postergan de forma constante las respuestas obligatorias ante los siniestros de los operarios.
Uno de los eslabones más críticos identificados dentro de este engranaje de desprotección es la práctica recurrente de las prestadoras para eludir la cobertura médica y económica de los damnificados. Candia denunció la existencia de rechazos automáticos y sistemáticos por parte de las ART al momento de denunciar accidentes o enfermedades profesionales. Esta estrategia corporativa desampara al trabajador en su período de mayor vulnerabilidad física y lo empuja de manera inevitable a iniciar reclamos administrativos o demandas legales para forzar el reconocimiento de los derechos consagrados por la legislación nacional.
Sin embargo, el especialista advirtió de forma taxativa que el camino hacia la judicialización no siempre resulta la alternativa más recomendable para el damnificado debido a deficiencias estructurales graves. Al evaluar los tiempos de resolución de los tribunales y la aplicación de las tasas de interés para actualizar los montos reclamados, el abogado calificó los mecanismos de indexación vigentes como crónicamente deficientes. En un contexto de alta inflación, los procesos judiciales se extienden durante años, provocando que las indemnizaciones finales sufran una licuación severa de su valor real y pierdan su carácter estrictamente reparatorio.
El letrado señaló que es indispensable visibilizar el verdadero origen de la litigiosidad para avanzar hacia soluciones de fondo en materia de seguridad e higiene laboral. Lejos de criminalizar la legítima defensa legal de los trabajadores, las políticas públicas deben exigir estándares de control estrictos sobre las corporaciones aseguradoras, penalizando la evasión de prestaciones. Solo a través de una reforma que agilice los plazos y multe el rechazo arbitrario de siniestros se logrará desalentar la saturación de los tribunales y garantizar un entorno previsible para todo el sector asalariado.
