Emilio Lanari, ministro de Salud Pública de Corrientes, confirmó en diálogo con Nord24 que junto a sus pares del Norte Grande elevaron un reclamo conjunto al Gobierno nacional para exigir una actualización de los fondos destinados al programa Incluir Salud.  

El planteo fue realizado durante una reunión regional en la que participaron representantes de todas las provincias, con excepción de Formosa, y donde se analizaron las principales problemáticas sanitarias que afectan a la región. 

Lanari explicó que uno de los principales inconvenientes es el atraso en el valor de la cápita que Nación destina al programa, destinada a cubrir prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas. Según precisó, en Corrientes hay alrededor de 45.000 usuarios, mientras que en provincias como Chaco la cifra alcanza los 100.000. “La cápita está prácticamente congelada desde 2022 y hoy ronda los 1.200 pesos entre cápita y extracápita, un monto que no alcanza ni para cubrir los insumos más básicos”, sostuvo. 

El funcionario señaló que el programa financia medicamentos de alto costo, cirugías, prótesis, marcapasos, diálisis y otros insumos esenciales. Sin embargo, afirmó que las provincias están absorbiendo gran parte de esos gastos. En el caso de Corrientes, indicó que el sistema provincial afronta el costo de unos 130 pacientes en tratamiento de diálisis y mantiene acuerdos con los prestadores para cancelar de manera progresiva las deudas acumuladas por Incluir Salud. 

Además del reclamo por una actualización del financiamiento, los ministros solicitaron agilizar los procesos administrativos del programa. Entre los pedidos elevados a Nación figuran una mejora en el valor de la cápita, la apertura de canales de diálogo más rápidos, la reducción de los tiempos de auditoría y una mayor celeridad en la compra de medicamentos de alto costo, ya que las demoras pueden extenderse entre dos y tres meses y afectar tratamientos urgentes, especialmente en pacientes oncológicos o con enfermedades reumatológicas. 

Lanari estimó que un monto razonable para la cápita debería ubicarse en torno a los 18.000 pesos por beneficiario, muy por encima de los valores actuales. No obstante, reconoció que, mientras no se produzca esa actualización, el objetivo inmediato es lograr mecanismos que permitan acelerar la adquisición de medicamentos y garantizar la continuidad de las prestaciones.