
Carlos Fara, analista político, analizó en contacto con Nord24 el escenario que atraviesa el Gobierno nacional, marcado por las dificultades para reunir apoyos legislativos, la necesidad de fortalecer las señales hacia los mercados y una oposición que continúa reconfigurando su liderazgo.
La administración de Javier Milei continúa enfrentando obstáculos para avanzar con su agenda legislativa, especialmente en torno a la reforma electoral, una iniciativa que, según el analista político Carlos Fara, beneficia principalmente al oficialismo y, por ese motivo, encuentra escasos incentivos entre sus aliados para ser respaldada. En paralelo, el especialista advirtió que la fuerte caída de las transferencias no automáticas a las provincias, que descendieron un 88% en junio, también complica las negociaciones políticas.
En el plano económico, Fara sostuvo que el Gobierno necesita ofrecer señales más contundentes para seguir reduciendo el riesgo país y consolidar la confianza de los mercados. Entre las medidas impulsadas mencionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un esquema de “shutdown” inspirado en el modelo estadounidense y la presentación del programa financiero para 2026 y 2027. Si bien consideró que las proyecciones para el próximo año resultan creíbles, señaló que las metas para 2027 se apoyan en un escenario más optimista.
El analista también remarcó que, una vez superada la controversia política de las últimas semanas, el Ejecutivo busca instalar una nueva agenda centrada en la reactivación económica. En ese contexto, destacó la intención del ministro de Economía, Luis Caputo, de impulsar el sector de la construcción mediante recursos de la ANSES, en un escenario donde la actividad mostró signos de recuperación, aunque la industria continúa exhibiendo indicadores negativos.
En cuanto a la oposición, Fara identificó tres movimientos relevantes: la persistente disputa entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el posicionamiento político de la vicepresidenta Victoria Villarruel con un discurso de perfil nacionalista y conservador, y la estrategia oficial de privilegiar ofertas de menor costo en las licitaciones públicas, incluso desplazando a empresas tradicionales. Para el consultor, estas definiciones reflejan no solo el rumbo económico del Gobierno, sino también el tipo de modelo productivo que busca consolidar.
